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Analizan expertos restricciones al uso de celulares en escuelas

En el debate De vuelta a clases: ¿con o sin celular?, expertos de la Universidad Iberoamericana apuntaron que restringir los teléfonos celulares en las escuelas puede ser “razonable” en clases, pero requeriría reglas claras, excepciones justificadas, alternativas pedagógicas, protocolos de emergencia y evaluación de resultados.
Tras subrayar que los dispositivos digitales, móviles o pantallas en general “no son por sí mismos herramientas pedagógicas, pero tampoco son fuentes inevitables de distracción”, la Dra. Cimenna Chao Rebolledo, Directora General de Planeación Estratégica e Innovación de la Universidad Iberoamericana resaltó que “el efecto que pueden tener los celulares en el aprendizaje o en la erosión de habilidades o capacidades cognitivas o emocionales depende del propósito, el contexto y la mediación que hagamos de estos dispositivos, aunado a la calidad de la literacidad o la alfabetización digital integral que podamos proveer para su uso… cuando el uso de estos dispositivos se hace de manera acrítica en espacios destinados al aprendizaje y a la convivencia —y en estos espacios no hay una supervisión, el consumo constante de estos contenidos, la corta duración de los mismos, nos pueden llevar a la erosión de capacidades o de funciones ejecutivas, fragmentación de la atención, disminución de la concentración”.
Chao Rebolledo también apuntó que “el uso de estos dispositivos como un mecanismo inmediato o transitorio para la evitación o el alivio o el consuelo de la aflicción emocional, puede llevar a la generación de un ciclo nocivo, en donde a mayor uso para compensar o para convivir en situaciones emocionalmente aflictivas y puede vulnerar relaciones interpersonales en los espacios de aprendizaje”.
“Una de las evidencias más interesantes de países en donde estas regulaciones ya han sido implementadas es el caso de Australia, donde encuentran que, al menos en horario escolar, tenemos menos situaciones de ciberbullying o de acoso a través de redes, y que las relaciones en los espacios de aprendizaje y convivencia, que es el propósito principal, me parece a mí, de la escuela, se reportan menos incidentes también de este tipo de acoso. De tal suerte que vamos entendiendo, la regulación, digamos, con propósito pedagógico y no simplemente a libre demanda o a la expectativa del usuario, sí que puede traer ventajas. Así como la escuela tiene una responsabilidad de alfabetizar al estudiantado sobre el uso crítico de estas tecnologías; al aprender a utilizarlas de manera responsable, de forma ética, y no solamente de manera técnica o funcional, la familia tiene su corresponsabilidad en establecer también una ‘higiene digital’: tiempos, horarios, frecuencia y calidad de los contenidos que consumen nuestras niñas, niños y jóvenes” aunque, consideró Chao Rebolledo, la mayor afectación se da entre los 8 y los 13 años de edad. “Sí solamente regulamos el uso en la escuela, si no educamos en torno a una ciudadanía digital y una literacidad integral que incorpora habilidades como el pensamiento crítico, las habilidades socioemocionales para el uso responsable de las tecnologías, estamos haciendo nuestro trabajo a medias”.
Por su parte, el Dr. Ricardo Ortega Soriano, Director del Departamento de Derecho, enfatizó que “vivimos en sociedades sumamente punitivas. Pensamos que la prohibición, que el castigo, suelen ser la mejor herramienta para la solución de los problemas, pero las prohibiciones llevan a las personas a tratar de burlarlas. La prohibición de dispositivos móviles no debería ser entendida como la solución a un problema más amplio, que tiene que ver con problemas de aprendizaje”.
Ortega Soriano recriminó que la responsabilidad se traslade a las niñas, niños y adolescentes, y se deje de lado la responsabilidad de las instituciones educativas, pero, sobre todo, de las empresas tecnológicas que también deben tener una revisión.
“Cuando analizamos este problema desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es fundamental superar la postura de la protección y prohibición, para proteger la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes, proteger los derechos de las niñas y los niños a ejercer su libertad de expresión, su derecho a ser escuchadas y escuchados, y el derecho de asociación. Los niños y los niños no pueden seguir siendo vistos simplemente como objetos de protección que no tienen participación en los procesos que les afectan”.
Por último, la Dra. Sandra Montes de Oca, Directora del Departamento de Psicología de la IBERO, apuntó que “ni la tecnología es dañina ni todo uso de la tecnología es inocuo. Las asociaciones entre el uso de las pantallas y los problemas emocionales o conductuales existen y un uso intenso o problemático puede relacionarse con dificultades posteriores, pero niñas, niños y adolescentes que ya presentan ansiedad, irritabilidad, soledad o problemas de atención también pueden recurrir más a los dispositivos. Científicamente, no sería correcto afirmar que las pantallas por sí mismas causan ansiedad, depresión y mucho menos un trastorno por déficit de atención e hiperactividad.”
“El riesgo aumenta cuando el uso es compulsivo, ocurre durante la noche, se convierte en la principal manera de enfrentar el aburrimiento o la frustración y, sobre todo, empieza a desplazar actividades fundamentales para el desarrollo, como son dormir, jugar, moverse, conversar y convivir. En el caso de la atención, tampoco podemos afirmar que las pantallas causen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo que sí sabemos es que el uso problemático puede intensificar las dificultades atencionales y que dentro del aula el teléfono constituye una fuente inmediata de interrupción”, recalcó Montes de Oca”.
“Retirar el teléfono durante la clase elimina una fuente concreta de distracción, pero debemos decirlo con toda precisión. Quitar la distracción no crea automáticamente atención. La concentración también depende del sueño, la motivación, la salud mental, las características de cada estudiante y, por supuesto, la calidad de la enseñanza”, indicó Montes de Oca.
“Las políticas restrictivas, claro que reducen el uso del teléfono durante la jornada escolar, pero no lo reducen a lo largo de todo el día. En Inglaterra, por ejemplo, las políticas restrictivas se asociaron con aproximadamente 40 minutos menos de uso durante la escuela, pero no con diferencias en el bienestar o en el uso digital total” ejemplificó.
Montes de Oca consideró “razonable restringir el uso personal y recreativo del teléfono durante la jornada escolar, especialmente en educación básica, con excepciones claras, esto es importante, por ejemplo, por razones pedagógicas, médicas, de discapacidad, accesibilidad, seguridad o emergencia. Pero también considero fundamental no presentar esta medida como una solución mágica. Una prohibición no va a resolver por sí sola la ansiedad, la depresión, el ciberacoso o el bajo rendimiento. Quitar el celular puede reducir la oportunidad de distraerse, pero no crea automáticamente concentración. Puede liberar tiempo para conversar, pero no crea automáticamente vínculos. Puede interrumpir durante horas el acceso a las redes, pero no enseña por sí solo regulación emocional. Por eso no se trata de satanizar la tecnología, se trata de establecer límites razonables”, enfatizó.
Así, Montes de Oca llamó a considerar seis etapas en la regulación del uso de celulares en la escuela: establecer reglas claras sobre el uso del teléfono durante clases, evaluaciones y actividades escolares, que defina cuándo debe permanecer apagado o guardado.
Reconocer excepciones explícitas ante una necesidad pedagógica, médica, de discapacidad, accesibilidad, seguridad o emergencia.
Diseñar un protocolo institucional de comunicación para emergencias sin depender directamente del teléfono durante la jornada escolar.
Determinar las consecuencias en el salón de clases cuando se incumpla la regla.
Las escuelas también tendrán que favorecer el juego, el movimiento, la conversación y convivencia ante la falta del teléfono inteligente en el recreo.
Y finalmente, Montes de Oca llama a las autoridades educativas a evaluar los resultados.

