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Trabaja ASF en investigaciones por corrupción en el INE
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que trabaja en investigaciones por presuntos actos de corrupción en organismos electorales, con la colaboración de “informantes” que aportan elementos a cambio de una posible reducción de sanciones.
A través de redes sociales, el organismo fiscalizador dio a conocer la puesta en marcha de su “Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones”, mediante el cual ha comenzado a recibir información relacionada con presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
En un par de gráficas difundidas en su cuenta de X, antes Twitter, @ASF_Mexico, la Auditoría señaló que ha documentado indicios de que beneficiarios finales de empresas involucradas habrían intervenido en la selección de proveedores de instituciones electorales.
Asimismo, habrían participado en la definición de requisitos técnicos con el propósito de favorecer sus propios intereses.
Investigación con informantes
En los materiales publicados, la ASF agregó que los colaboradores han proporcionado información relevante sobre anomalías en contrataciones de distintos organismos electorales, registradas durante varios años.
Destacó que es la primera vez que personas con conocimiento de las presuntas operaciones irregulares en materia de contrataciones colaboran con la institución.
Entre los elementos recabados mencionó testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas.
A partir de estos datos, la Auditoría ha identificado indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus intereses particulares.
La ASF señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a más personas involucradas, rastrear el destino de los recursos públicos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Sin embargo, la institución no identificó a ningún organismo electoral en particular, servidor público o empresa, tampoco precisó el periodo que comprende la investigación, al limitarse a señalar que las irregularidades habrían ocurrido durante varios años.
