La Ley General de Aguas podría provocar inestabilidad social en el país

La propuesta de Ley de Aguas Nacionales que envió al Presidencia de México, contiene diversas irregularidades, provocaría desigualdad entre productores agrícolas e industrias refresqueras, lecheras, entre otras e incertidumbre jurídica, con lo que puede registrarse una inconformidad social en el país, señalaron participantes del grupo de trabajo de la Zona Norte en las Audiencias Públicas sobre la Ley General del Agua en la Cámara de Diputados.

Jesús Padilla Estrada, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sustentable del Congreso de Zacatecas, destacó que, en la entidad, por parte de los productores agrícolas hay preocupación por la propuesta del ejecutivo federal que, por las prisas en atender una emergencia nacional, se hizo sin considerar la realidad de miles de campesinos que día a día producen, que llevan sustento a sus familias y que contribuyen a la alimentación de la nación.

Expresó que, la iniciativa plantea desaparecer el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares, pero propone derogar los artículos del 33 al 37 del capítulo quinto, transmisión de títulos, lo que deja, dijo, en estado de indefensión a miles de pequeños productores, y violentando el principio de seguridad jurídica y legalidad, que ha provocado molestia.

La iniciativa no considera las particularidades de cada estado o región del país hay que hacer un análisis riguroso, y no legislar en fast track, su voto razonado puede evitar el estallido social, la inestabilidad política y los litigios jurídicos a lo largo y ancho del país. Antes de cortar de tajo el régimen de concesiones”, comentó.

Refugio Rodríguez López director de Suelo y Agua en la Secretaría del Campo de Zacatecas, propuso que se dé un trato diferenciado del agua en Estados en los que se utiliza para el desarrollo del campo, ya que la ley que pretende evitar el mercantilismo del agua, aplica en otros estados como Puebla y Estado de México, donde el agua se necesita para industria, y donde se extorsiona o lucra indebidamente por el vital líquido, por lo que no se puede aplicar una ley tan inconexa que provocaría la inestabilidad del país.

Que se reconozca el derecho del agricultor a reponer su pozo cuando sea necesario, que se garantice la relocalización dentro del mismo predio o acuífero sin perder la concesión, que las decisiones no se tomen sólo desde una oficina sino con diagnósticos técnicos y reales en campo, que Zacatecas, se ha considerado un caso especial por su vocación agrícola y su dependencia total del agua subterránea. El campo hoy en día está sensible, los últimos acontecimientos sucedidos en nuestro país tienen al campo inquieto, si prendemos la mecha de la incertidumbre del agua, la estabilidad del país se pone en riesgo”, comentó.

Roberto Lara Rocha, académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con 15 años de dedicarse al tema del agua, expuso que es inconstitucional el artículo sexto transitorio de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que señala que los trámites que se han iniciado con anterioridad a la reforma serán resueltos de acuerdo a la anterior ley, siempre y cuando no se opongan a los principios y directrices de la nueva ley.

“Este párrafo vulnera y violenta claramente el artículo 14 Constitucional que habla del principio de irretroactividad de la ley, la constitución garantiza que ninguna ley se aplicará de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, nuestra propuesta es que se elimine ese párrafo”, dijo.

Gabriel Alberto Madrid Campos, consultor de agua en Chihuahua, criticó la “buena idea” de exigirle a los usuarios que presentaran su título de concesión vigente, ya que “quienes tenemos conocimiento de la situación que guarda administrativamente la Comisión Nacional del Agua, no cuenta con recursos ni capacidad para atender todas las solicitudes que se le presentan en todo el país.

“Hemos de saber que la Conagua simplemente no tiene la capacidad de atender la solicitudes y las peticiones de toda la ciudadanía, por lo que es un completo absurdo que desde la Sader se les esté exigiendo al usuario presentar un título de concesión vigente aún y cuando la problemática la está detonando el propio gobierno federal, ya que no le asigna ni personal, ni presupuesto ni capacidad técnica ni administrativa a las direcciones locales ni a los organismos de cuenca para atender las solicitudes de prorroga”, expresó.

Octavio Cesar Hernández Álvarez, representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) también se manifestó en contra de la eliminación de la figura de transmisión de derechos de agua, ya que existen soluciones simples para impedir la especulación con el recurso que pretende combatir el gobierno federal, cuya propuesta sólo provocaría afectaciones en gran escala.

Es una medida que afectaría fatalmente infinidad de operaciones legítimas de compra venta, de arrendamiento de inmuebles, así como fusiones y escisiones de empresas que nada tiene ver con la especulación, especialmente porque esta se puede combatir simplemente, obligando a que el cesionario, destine el agua al uso productivo autorizado originalmente en la concesión y/o a que se obligue a no transmitir a su vez”, indicó.

Fuente; Jorge Almaqui y Cinthya Stettin El Heraldo de México