Columna
“Entre Plazos y Sombras”

A veces la política mexicana nos regala mañanas tranquilas… pero esta no fue una de ellas. Y es que en una audiencia inicial de casi 15 horas, de esas que desgastan hasta al más paciente, una jueza federal decidió que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, seguirá tras las rejas. Nada de “vaya a su casa y aquí nos vemos”; no. Prisión preventiva justificada y directo al penal de máxima seguridad del Altiplano, un lugar donde las puertas se cierran de verdad.
El ambiente legal estuvo movido. Su abogado, como era de esperarse, pidió la duplicidad del plazo de 72 horas para resolver su situación. Una jugada clásica, el “denme tantito más de tiempo que esto está complicado”. Pero aun con eso, el mensaje quedó claro: el proceso va en serio, sin prisas pero sin pausas.
Mientras tanto, afuera, en la conversación pública, todos dan su lectura: que si esto era inevitable, que si es un ajuste de cuentas, que si la justicia por fin está haciendo lo suyo. Lo cierto es que el caso Duarte vuelve a poner sobre la mesa algo que en Chihuahua ya suena a disco rayado: la delgada línea entre el poder político y la rendición de cuentas.
Por lo pronto, el exgobernador tendrá tiempo —mucho— para reflexionar tras los muros del Altiplano. Y nosotros, como siempre, seguiremos aquí, viendo cómo se mueven las fichas y esperando a que, por una vez, las cosas lleguen hasta donde deben llegar.

