Admite gobierno recorte a “pensiones doradas”; hubo descuentos injustificados

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales informó sobre el reconocimiento del Gobierno Federal, a través de su Consejería Jurídica, de las irregularidades cometidas en la aplicación de la reforma a la Carta Magna cuyo fin fue recortar las llamadas “pensiones doradas”.

 Al presentar el informe sobre el resultado de las reuniones sostenidas en semanas pasadas con trabajadores jubilados de PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y Banobras, el presidente de la instancia parlamentaria, Leonel Godoy, refirió a la opinión remitida por la Consejería Jurídica.

 Al exponer que la Presidencia admitió excesos en la aplicación de los cambios a la Constitución para limitar las jubilaciones de trabajadores de empresas del Estado y que ningún pensionado gane más que la Presidenta de la República, el integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que el debate en la materia continúa.

Incluso, dejó abierta la posibilidad que la reforma contra “pensiones doradas” pueda sufrir una reforma, lo cual podría ocurrir en el siguiente periodo ordinario de sesiones. 

Indicó que el asunto sigue a discusión y la determinación de hacer una contrarreforma está en manos de los líderes parlamentarios agrupados en la Junta de Coordinación Política. 

Si esa propuesta surge, será en ese órgano de gobierno donde se alcance un acuerdo.

El legislador indicó que desde su punto de vista, la reforma de pensiones no es “retroactiva” ni es inconstitucional, pero las anomalías que está generando y que han derivado en recortes injustificados a las remuneraciones de los pensionados, seguirán siendo objeto de análisis en las próximas semanas. 

Precisó que las reuniones con jubilados se llevaron a cabo entre el pasado 29 de mayo y el 8 de junio. 

En los encuentros donde los afectados plantearon sus preocupaciones por los recortes no justificados, se determinó la instalación de una mesa de trabajo, la revisión de iniciativas en la materia, se analizó la posible realización de foros de debate y de manera concreta, la canalización de las peticiones a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y al apropia Consejería Jurídica. 

Lo anterior permitió identificar las “cuestiones” atendibles en lo inmediato y en el ámbito administrativo, así como las que podrían dar origen a reformas a la reforma. 

Los damnificados reportaron reducción en el monto de sus pensiones, afectación a “otras prestaciones” y una aplicación distinta de la norma entre las entidades públicas involucradas. 

Pidieron certeza jurídica con respecto a los derechos adquiridos a través de los años como trabajadores al servicio del Estado y en especial, que se revisaran los “posibles” efectos retroactivos de la norma. 

A partir de esas demandas, abundó el diputado Godoy, es que se planteó una ruta de atención a las inconformidades en los ámbitos administrativo, técnico, jurídico y legislativo.