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La Lucha de los Trabajadores del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no atraviesa por una simple crisis de administración; está pagando la factura de un paulatino y voraz desmantelamiento operativo impulsado desde el Gobierno Federal. Bajo el discurso de la austeridad y la reestructuración del sistema público de salud, la realidad en las salas de urgencias y en los pasillos de los hospitales cuenta una historia muy distinta: un sistema de salud federal debilitado y fracturado, donde la indignación de los usuarios choca de frente contra la impotencia de los trabajadores.
En la primera línea de esta batalla diaria, la ventana más evidente de la crisis es la confrontación entre derechohabientes y empleados de la salud. Sin medicamentos básicos para padecimientos crónicos, sin insumos elementales para curaciones o cirugías, y con una infraestructura que colapsa ante la falta de mantenimiento —desde elevadores fuera de servicio hasta fallas en aires acondicionados y suministro de agua—, los derechohabientes canalizan su frustración contra personal médico, enfermeros y personal administrativo que son los que ponen el pecho ante todas la carencias, mientras el gobierno federal presume cifras macroeconómicas y modelos teóricos, en la práctica cotidiana el personal médico trabaja «sin armas», consumido por el agotamiento físico y expuesto a agresiones o riesgos legales por atender en condiciones de escasez.
Esta tensión explotó con particular fuerza y se hizo evidente en los últimos días, Chihuahua ha sido referente nacional, con las protestas, paros parciales de labores y bloqueos de vialidades en la capital, Ciudad Juárez, Delicias y Cuauhtémoc han dejado al descubierto un segundo frente de conflicto: el abandono institucional y la traición del sindicato.

Para blindar la narrativa oficial y frenar el descontento, la respuesta de la cúpula no ha sido resolver el desabasto ni escuchar las demandas, sino la imposición. A través de recientes modificaciones y manejos punitivos dentro del marco normativo en las estatutos y del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), se ha instrumentado una auténtica «ley mordaza».
Mediante la amenaza de notas de demérito, actas administrativas, rescisiones de contrato y sanciones disciplinarias sindicales, se busca censurar al personal que expone públicamente las carencias del sistema o que participa en las movilizaciones. Esta política de amedrentamiento vulnera la libertad de expresión y los derechos colectivos de la base, pretendiendo tapar el sol con un dedo a costa del silencio forzado de los trabajadores.
A este clima de represión se suma la indignación por la reciente revisión salarial, vendida triunfalmente por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTSS como un logro histórico, pero recibida en las delegaciones de base como una burla y un engaño directo al CCT y a la Ley Federal del Trabajo.

Mientras la inflación y el costo de vida ahogan el gasto familiar, la dirigencia sindical pactó un raquítico aumento de sueldo fraccionado, con cifras engañosas, totalmente insuficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Para maquillar la cifra ante la opinión pública y calmar los ánimos, el CEN del SNTSS en donde su titular en turno es el doctor Rafael Olivos Hernández aceptó que el resto del «paquete de incremento» se canalizara de forma gradual a las cuentas individuales de ahorro para el retiro (Afores).
En los hechos, esta maniobra constituye una clara violación a la naturaleza de la negociación colectiva y a la letra del CCT:
Desviación del salario integrado: Se disfraza como aumento salarial lo que en realidad es un diferimiento financiero que no ingresa al bolsillo ni a la percepción líquida del trabajador en su pago quincenal.
Opacidad y falta de consulta a la base: La cúpula sindical aprobó estas cláusulas sin una consulta transparente ni el aval legítimo de los trabajadores, afectando directamente las bases de cotización y los conceptos tabulares que impactan sobreprestaciones, aguinaldos y prima vacacional.
Simulación patronal-sindical: Ni el CEN del SNTSS ni las autoridades del gobierno federal han querido dar la cara para explicar por qué se prefirió inflar bolsas financieras externas antes que fortalecer el salario directo de quienes sostienen el sistema de salud en medio de la carestía.
Hoy, ni el sindicato nacional ni el gobierno federal asumen su responsabilidad. Mientras la cúpula sindical se escuda en la burocracia y la autoridad federal evade el desabasto, las clínicas del IMSS se convierten en una olla de presión. Los trabajadores ya no solo exigen insumos para curar a sus pacientes; exigen dignidad salarial, el cese a la simulación del SNTSS y la restitución plena de sus derechos laborales.

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