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La doble nacionalidad reabre un viejo debate sobre quién puede gobernar México

La pregunta parece salida de 1917: ¿qué vínculo debe tener con México quien encabeza el Estado y tiene bajo su mando a las Fuerzas Armadas? Para Vanessa Romero, analista política la respuesta que dio entonces la Constitución —exigir que el presidente sea mexicano por nacimiento— sigue siendo pertinente. Lo que cambió fue la posibilidad de conservar la nacionalidad mexicana al adquirir otra.
Romero sostiene que esa realidad obliga a precisar las reglas para quienes buscan dirigir un Poder Ejecutivo. A su juicio, la exigencia de nacionalidad única responde al riesgo de que un gobernante mantenga vínculos jurídicos y políticos con dos Estados al mismo tiempo.
La analista apunta a Colombia para ilustrar su preocupación. Su presidente, Abelardo de la Espriella, también tiene nacionalidad estadounidense y recibió el respaldo público de Donald Trump durante la campaña.
El apoyo de un mandatario extranjero no prueba, por sí solo, un conflicto de lealtades. Para Romero, sin embargo, vuelve concreta una discusión que algunos consideran superada.
La oposición observa el asunto desde otro ángulo: impedir que una persona con doble nacionalidad aspire a esos cargos podría recortar los derechos políticos de mexicanos que han hecho su vida fuera del país.
Romero rechaza que la propuesta represente un desprecio hacia los migrantes. Argumenta que establece una condición para ejercer determinados cargos y no modifica la nacionalidad de quienes poseen dos.
El debate sigue abierto. La Cámara de Diputados aprobó la reforma y las comisiones del Senado avalaron el dictamen, pero todavía falta que el pleno de esa Cámara la vote. Si prospera, deberá pasar también por los congresos estatales.
La discusión, por tanto, está lejos de haber terminado: enfrenta dos preocupaciones legítimas, la prevención de conflictos de lealtad en el gobierno y el alcance de los derechos de los mexicanos con doble nacionalidad.

